La transición política hacia la democracia en Canarias está marcada por varias cuestiones fundamentales: a) el debate sobre el modelo económico, que comenzará años antes con el debate sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y, más tarde, con el proceso de incorporación a la Comunidad Económica Europea, que obligó a optar por el modo de adhesión plena o menos plena a la Unión Europea y a la política aduanera común(con las consecuencias que ello tendría en el Régimen Económico y Fiscal); b) la incardinación de Canarias en el estado autonómico, la relación y distribución de competencias entre los preexistentes Cabildos Insulares y la nueva "Comunidad Autónoma", y c) el sistema electoral, que sin dejar de ser representativo y democrático, debía además por un lado evitar el predominio de una provincia sobre la otra (y ayudar a la superación del secular "pleito insular"), y por otro, otorgar a las islas menores una cierta sobrerrepresentación para ayudarlas a aumentar su influencia para eliminar los inconvenientes de la llamada "doble insularidad" (es decir, para compensar su lejanía y pequeñez y los inconvenientes derivados de ello), y finalmente, limitar el caciquismo. La descolonización española del Sáhara Occidental, que tendrá múltiples efectos sobre la sociedad y política canaria de los años setenta y ochenta. Entre ellos, el impacto económico y demográfico que supuso el regreso-expulsión de los canarios que vivían en el Sáhara ocupado por Marruecos, la nueva situación fronteriza de las islas en mitad del conflicto saharaui-marroquí, o los efectos sobre el banco pesquero. Estimulado por los acontecimientos del Sáhara Español, a partir de 1976 se desarrolla un movimiento nacionalista de inédita pujanza en las islas, que tendrá como máximo exponente al partido Pueblo Canario Unido, luego Unión del Pueblo Canario. Tras la aprobación de la Constitución española, se inició el debate para la elaboración del Estatuto de Autonomía de Canarias, finalmente aprobado en agosto de 1982. El no haber presentado un proyecto estatutario antes del golpe de Estado de Franco hizo que los canarios iniciaran el camino hacia la autonomía casi de cero, por el proceso explicitado en el artículo 143 de la Constitución (o de vía lenta), en lugar del 151 (o de vía más rápida). Sin embargo, el afán de amplios sectores por convertir a Canarias en una de las comunidades autónomas con mayores competencias, al mismo nivel que las llamadas “nacionalidades históricas”, provocará en las islas tensos debates entre los grupos políticos que conducirán, mediante la fórmula del consenso, a la LOTRACA (Ley Orgánica de Transferencias a Canarias): ésta permitiría hacer una autonomía con nivel de desarrollo similar a las nacionalidades históricas. Una reforma parcial del Estatuto, en 1996 da a Canarias rango de nacionalidad. Con la democracia y la entrada en la Unión Europea, la instauración de un régimen autonómico y de libertades para las islas, y el desarrollo económico y educativo, el nacionalismo de izquierdas o independentista ha desaparecido prácticamente como movimiento autónomo, resultando absorbido y habiendo dejando paso a varios partidos de nacionalismo moderado de centro-derecha o que pretenden superar la dicotomía izquierda-derecha y que se incardinan en el sistema de partidos español, pretendiendo jugar un papel tanto a nivel canario como en el parlamento español (partido-bisagra). En la actualidad se encuentra en trámite parlamentario un nuevo Estatuto de Autonomía para Canarias, que está bloqueado por las divergencias existentes entre los partidos sobre la ley electoral.